Por Renato Arana.
Desde que se aprobó el jueves 16, la Ley de Fomento y Masificación del Cine, las diferencias en el mundo cinematográfico nacional fueron claramente visibles para todos.
Mientras que la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú (APCP), aplaudía la iniciativa que dicta que un 3.3% de la taquilla en los cines vaya a las arcas de Conacine, la parte contraria, la Unión de Cineastas Peruanos (UCP), la calificaba de perjudicial, ya que anulaba los dos millones de dólares que debe entregar el Estado a Conacine.
Sin embargo, el miércoles último, la APCP reconoció que apoyó, equivocadamente, el polémico proyecto que anulaba el monto designado a la producción nacional.
Francisco Lombardi, representante de APCP, admitió que se trató de un error “material e involuntario” y que se detectó desde el viernes, pero que finalmente el lunes fue aceptado–solo para revisión–en el Congreso.
El cineasta Alberto ‘Chicho’ Durant (también de APCP) señaló que todo terminó siendo ‘un arroz con mango’. “Se habían fusionado dos leyes por gente que no conocía del tema, y nosotros tampoco somos expertos en leyes. Nos apresuramos por tener una solución concreta”, reconoció.
A Christian Wiener, vocero de la UCP, el mea culpa de la APCP lo tiene sin cuidado, puesto que ya se había advertido sobre los vacíos en el proyecto antes de su aprobación.
Por su parte, Francisco Adrianzén, de UCP, señaló que el problema no solo se limita a la exclusión de un artículo, sino se trata de un error en el proyecto en su conjunto.
Las diferencias entre ambos bandos continúan y la ley –producto de la iniciativa de los congresistas Carlos Raffo y Luciana León– ha sido también acusada de favorecer solo a las distribuidoras y exhibidoras.
Aporte no es obligatorio
Otro aspecto del proyecto señala que las empresas no se encuentran obligadas a entregar a Conacine el mencionado 3.3%, pues se trata solo de un convenio entre las dos partes y no de un impuesto.
Tanto Wiener como Adrianzén señalan que es imposible obligar a la empresa privada cuando de aportar voluntariamente se trata y que no se han tomado medidas en caso de que no suceda.
No obstante, para Lombardi, el convenio genera de por sí un contrato que se vuelve obligatorio. “Vamos a tener el contrato listo antes que se promulgue la ley. El otro camino para recuperar el 3.3% sería crear un nuevo impuesto, pero eso lamentablemente ha sido rechazado siempre en el Congreso”, agregó.
Las grandes beneficiadas
“Es como que se saque una ley a favor de los productores de textiles nacionales y se termine dando más apoyo a Saga o Ripley, que importan ropa china”. Así resume Christian Wiener el efecto de la ley. Sin embargo, para Lombardi este punto sería beneficioso para la producción nacional. “Nos conviene que haya más multicines para incrementar la recaudación para Conacine y que ese 3.3% vaya creciendo”, señala, para agregar que las beneficiadas se comprometen a apoyar la distribución y exhibición de películas peruanas.
Las soluciones
Mientras Lombardi espera que la Comisión Permanente del Congreso reponga el artículo referente al aporte del Estado a Conacine, Durant propone al Ministerio de Cultura convocar una comisión conformada por terceros con conocimiento del asunto, e iniciar todo de nuevo para así lograr un consenso entre cineastas.
Por otro lado, para Adrianzén una solución realista es que el Estado asuma una política cultural y que dote a Conacine de un ingreso permanente y no “sujeto a una contribución voluntaria y temporal ni a la buena voluntad de exhibidoras y distribuidoras”.
